Operativos contra la CNTE y buscadoras: una estrategia de contrainsurgencia, denuncia Tlachinollan
Expertos señalan que el uso de la fuerza remite a métodos autoritarios de los años 60 y 70 en México
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que los recientes operativos contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de buscadoras y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, ocurridos en junio de 2026, representan una estrategia de contrainsurgencia similar a la represión ejercida durante los años 60 y 70 en México. Según Barrera, este modelo autoritario sigue vigente, bajo la protección de cuerpos de seguridad especializados que actúan para proteger intereses estatales y empresariales, mientras criminalizan la protesta social.
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Continuidad del autoritarismo y represión en México
Abel Barrera recordó que durante la represión estudiantil de 1968, el Ejército Mexicano fue el principal ejecutor de la violencia, y aunque las tácticas han cambiado, el esquema de control social permanece. En entrevista con La Jornada, explicó que el uso de la fuerza continúa siendo el recurso predilecto para contener movimientos sociales críticos y que, aunque ya no se emplea la fuerza militar directamente, la Guardia Nacional y cuerpos antidisturbios mantienen una postura represiva.
“Sigue siendo el uso de la fuerza el punto de confrontación a los movimientos sociales independientes, críticos, que ejercen el derecho a la protesta”, señaló Barrera, quien denunció que la criminalización del movimiento social está al alza, con acusaciones sin fundamento hacia los normalistas y colectivos de víctimas.
Criminalización y estigmatización de los movimientos sociales
El activista criticó que el gobierno federal haya descalificado a las madres buscadoras y a los padres de los 43 normalistas, acusándolos de estar financiados para bloquear sus demandas legítimas de justicia. También señaló que la CNTE es etiquetada como una organización radical que genera caos, una narrativa creada para desacreditar sus exigencias, como la abrogación de la Ley del Issste.
Barrera afirmó que esta postura oficial conduce a un cierre progresivo del espacio cívico, impidiendo la libre manifestación y atacando a quienes buscan justicia, incluidas las madres buscadoras, quienes exigen investigaciones transparentes y apoyo internacional para esclarecer las desapariciones.
Perspectivas sobre la crisis social y política en México
El director de Tlachinollan advirtió que la polarización social y la falta de diálogo aumentarán la confrontación en varias regiones del país, con mayor represión hacia luchadores sociales, estudiantes y maestros. Destacó que, a pesar de las diferencias en la narrativa oficial, la estrategia de contrainsurgencia y la criminalización de la protesta son una constante que recuerda a las prácticas autoritarias del pasado.
“Antes eran guerrilleros, ahora son vándalos”, comentó Barrera al comparar las etiquetas que los gobiernos autoritarios han impuesto a los movimientos sociales a lo largo de las décadas.
Además, criticó que funcionarios como el subsecretario de Derechos Humanos actúen “como policías” y que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) adopten posturas que parecen más vigilantes que garantes de derechos.
Demandas claras y falta de respuesta
Entre las peticiones urgentes del movimiento social están la búsqueda efectiva de los desaparecidos, la entrega de documentación que el Ejército se niega a presentar y el reconocimiento de que las desapariciones forzadas son sistemáticas. Barrera lamentó que, en lugar de investigar a fondo estas desapariciones, el gobierno se centre en desacreditar y acusar a quienes exigen justicia.
Este panorama evidencia una tensión persistente entre el Estado y diversos sectores sociales que reclaman atención y respeto a sus derechos, en un contexto donde la seguridad ciudadana es relegada frente a una política de seguridad del Estado basada en la represión.
La situación descrita por el Centro Tlachinollan refleja un desafío profundo para la democracia mexicana, en el que la protección de los derechos humanos y la apertura al diálogo social continúan siendo puntos críticos. Para entender más sobre los derechos humanos en México y su contexto, puede consultarse la información disponible en el sitio oficial del gobierno mexicano.
Fuente de la imagen: https://www.jornada.com.mx/2026/06/15/estados/029n1est?partner=rss
