Tamaulipas
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó cinco nuevas denuncias ante la Fiscalía especializada; las investigaciones alcanzan posibles conductas de servidores públicos de la actual y la pasada administración.
El gobierno de Américo Villarreal Anaya reforzó las acciones de vigilancia y rendición de cuentas en Tamaulipas con la presentación de cinco nuevas denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con lo que suman 40 las promovidas durante la actual administración. Los nuevos casos contemplan presuntas conductas de servidores públicos tanto del actual gobierno como de la administración anterior.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que entre las conductas señaladas se encuentran posibles delitos de abuso de funciones, ejercicio indebido de funciones y peculado. Del total acumulado, 35 denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción estatal y cinco ante la Fiscalía General de la República. Además, la dependencia ha turnado 88 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas consideradas graves.
Las acciones forman parte de una política institucional que busca que las irregularidades detectadas sean investigadas y, cuando existan elementos suficientes, sancionadas por las autoridades competentes. Pedraza Melo señaló que corresponde ahora a la Fiscalía y al Tribunal realizar las investigaciones y procedimientos respectivos. En una de las denuncias recientes, las irregularidades observadas superarían los ocho millones de pesos, aunque la dependencia no reveló los nombres de las personas involucradas.
Para la administración de Américo Villarreal, el combate a la corrupción se ha planteado como un eje transversal para fortalecer la legalidad y el uso responsable de los recursos públicos. El Cuarto Informe estatal ya había reportado el fortalecimiento de los mecanismos de control, investigación y responsabilidad administrativa; las nuevas denuncias amplían esa ruta de fiscalización, bajo el principio de que los posibles actos irregulares deben ser investigados independientemente de la administración en la que hayan ocurrido.
