Las contrataciones públicas realizadas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca vuelven al escrutinio tras las declaraciones de Carlos Alberto García González, exsecretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, quien aseguró que recibió instrucciones desde la oficina del entonces gobernador. Su testimonio abre nuevas interrogantes sobre la cadena de mando y las responsabilidades en las operaciones investigadas.
De acuerdo con información publicada por Proceso el 26 de octubre, García González enfrenta tres causas penales relacionadas con contratos por aproximadamente 11.6 millones de pesos. Según declaraciones retomadas por La Crónica de Hoy, el exfuncionario sostuvo que su dependencia solicitaba los servicios, pero no tenía facultades para elegir proveedores, adjudicar contratos ni autorizar pagos. Dos expedientes derivaron en vinculaciones a proceso en octubre de 2025, mientras que el tercero está pendiente de audiencia inicial.
Los señalamientos se suman a los de Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud, quien también atribuyó a Cabeza de Vaca instrucciones relacionadas con contratos públicos durante su gestión. Ambos testimonios ponen sobre la mesa la necesidad de esclarecer quién ordenó, autorizó y ejecutó las contrataciones cuestionadas.
Las declaraciones forman parte de asuntos que deben resolverse mediante las investigaciones y las pruebas correspondientes; no constituyen por sí mismas una determinación de culpabilidad. Para Tamaulipas, el desafío es conocer cómo se tomaron las decisiones sobre recursos públicos y garantizar que las autoridades deslinden responsabilidades conforme a la ley.
