Planta de amoniaco en Sinaloa podría dañar 22,500 hectáreas de manglares
Comunidades indígenas y ambientalistas exigen cancelación del proyecto en Topolobampo
La construcción y próxima operación de una planta de amoniaco en Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa, amenaza con afectar 22,500 hectáreas de manglares, advirtió la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema). El proyecto, a cargo de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), podría causar daños graves al ecosistema de la bahía de Ohuira y a miles de familias que dependen de la pesca. Por ello, colectivos indígenas y ambientalistas mantienen un plantón y exigen la cancelación definitiva de la planta, mientras la Rema pide a las autoridades federales revocar la autorización ambiental y sancionar los daños ocasionados.
Impacto ambiental y social del proyecto
La Rema señala que la construcción ha provocado la destrucción de una importante extensión de manglares, lo cual contraviene la NOM-022 Semarnat-2003, la Ley de Vida Silvestre y la declaratoria de humedal Ramsar, de reconocimiento internacional. Esta afectación pone en riesgo la biodiversidad de la zona y compromete la actividad pesquera, vital para las comunidades indígenas y locales.
En un comunicado, la red llamó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena Ibarra, a no mediar entre intereses empresariales y comunitarios, sino a asumir su responsabilidad para proteger el medio ambiente y prevenir daños mayores. Destacó que una fuga de amoniaco tendría consecuencias fatales para la población y el ecosistema.
Además, la Rema recordó que la planta cuenta con financiamiento por aproximadamente 880 millones de dólares, proveniente de un consorcio que incluye al banco público alemán KfW IPEZ-Bank, lo que añade complejidad al conflicto.
Protestas y violaciones a derechos indígenas
Más de un centenar de indígenas, pescadores y activistas del colectivo ¡Aquí No! realizaron un bloqueo en las entradas de la planta, en protesta por la imposición del proyecto sin una consulta previa, libre e informada, como lo establece el derecho internacional y la legislación nacional. La Rema denunció que las consultas realizadas simulan participación comunitaria y no respetan la cultura ni los derechos de los pueblos originarios.
En 2022, el gobierno federal llevó a cabo una consulta obligada por una sentencia de la Suprema Corte, luego de un amparo promovido por los pueblos yoremes afectados, sin embargo, la red considera que no fue suficiente ni adecuada.
Por otra parte, la Red Mexicana de Afectados por la Minería hizo un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades mexicanas para atender las recomendaciones de 11 relatores especiales de las Naciones Unidas que visitaron la bahía de Ohuira en 2025 y documentaron las violaciones a derechos humanos derivadas del proyecto.
Para más información sobre la protección de ecosistemas y derechos indígenas, se puede consultar la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El caso de la planta de amoniaco en Sinaloa refleja la tensión entre desarrollo industrial y conservación ambiental, así como la lucha de las comunidades indígenas por preservar sus territorios y modos de vida. Las autoridades federales enfrentan ahora el reto de equilibrar estos intereses y garantizar el respeto a la ley y los derechos humanos.
Fuente de la imagen: https://www.jornada.com.mx/2026/06/17/estados/025n1est?partner=rss
