Presidencia emite decreto para transparentar contratos públicos y finanzas de Pemex y CFE
La presidenta Claudia Sheinbaum ordena publicar mensualmente contratos federales, con excepciones para seguridad nacional y procesos judiciales
El gobierno federal, a través de un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado el 4 de agosto de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, establece la obligatoriedad de transparentar mensualmente los contratos de la administración pública, incluyendo a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus filiales. La medida busca garantizar el acceso público a esta información, salvo en casos de seguridad nacional o procedimientos judiciales.
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Transparencia obligatoria en contratos y finanzas públicas
En la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el decreto busca evitar la discrecionalidad en la difusión de información gubernamental. Para ello, se publicarán contratos y datos financieros de Pemex, CFE y sus filiales, previo aval de sus consejos de administración.
Raquel Buenrostro, secretaria de la Secretaría de Anticorrupción, señaló que esta autorización legal evita el uso de “velo corporativo” en las filiales de Pemex, asegurando que la información estará disponible y sujeta a regulación jurídica clara.
Detalles del decreto
El decreto estipula que, además de los contratos, se deberán publicar los estados financieros, informes administrativos, operativos, económicos y jurídicos, actas de asambleas que impliquen cambios corporativos, así como datos sobre políticas de remuneración, austeridad y gobierno corporativo.
También se divulgarán los padrones de auditores externos, programas anuales de fiscalización y resultados de auditorías. La presidenta destacó que la información que se mantendrá reservada será solo aquella relacionada con la seguridad nacional o casos bajo proceso judicial, donde se harán versiones públicas para preservar la transparencia.
Impulso a la Ley General de Transparencia
Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa al Congreso para incorporar explícitamente esta obligación en la Ley General de Transparencia, a fin de consolidar el marco jurídico que garantice la publicación de esta información de manera obligatoria y sistemática.
Por su parte, Buenrostro informó que ya se inició una investigación contra exfuncionarios del extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI), quienes presuntamente dejaron sin resolver expedientes relacionados con la protección de datos personales, afectando el derecho a la información.
Contexto y retos en la transparencia gubernamental
Este decreto representa un avance importante en la estrategia del gobierno mexicano para combatir la opacidad en el manejo de recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas. La medida responde a demandas históricas de la sociedad civil y organismos internacionales para aumentar la transparencia en áreas sensibles como la administración de empresas estatales.
Para conocer más sobre la legislación vigente en materia de transparencia, se puede consultar información oficial en el sitio de la Secretaría de la Función Pública.
La publicación mensual de contratos y estados financieros busca fomentar una cultura de apertura en el sector público, con el propósito de generar confianza y mejorar la supervisión ciudadana. El seguimiento a esta política será clave para evaluar su eficacia en la prevención de la corrupción y el uso eficiente de los recursos públicos.
Fuente de la imagen: https://www.jornada.com.mx/2026/08/05/politica/003n1pol?partner=rss


