Gobierno de Tamaulipas rechaza acusaciones sin sustento en caso Grupo Empresarial Dalka
Tamaulipas
La administración estatal sostuvo que el litigio ha sido revisado durante más de tres años por instancias administrativas, judiciales y federales, y afirmó que no existen pruebas formales que respalden acusaciones de corrupción o sobornos.
El Gobierno de Tamaulipas reiteró que el caso relacionado con Grupo Empresarial Dalka corresponde a un proceso estrictamente legal que ha sido analizado durante más de tres años por autoridades administrativas, judiciales y federales, rechazando versiones que buscan presentar el litigio como una supuesta persecución política.
El consejero jurídico del Ejecutivo estatal, Marco Antonio García Barrientos, afirmó que dentro de los expedientes judiciales no existe registro alguno de denuncias, pruebas o promociones que involucren acusaciones sobre presuntos sobornos, cobros indebidos o solicitudes de beneficios económicos atribuidos a familiares del gobernador Américo Villarreal Anaya o a integrantes de la administración estatal.
De acuerdo con la explicación oficial, las resoluciones emitidas hasta ahora se han sustentado en documentos, informes oficiales y elementos probatorios incorporados legalmente a los procedimientos correspondientes, los cuales han sido revisados tanto por autoridades estatales como por instancias federales competentes.
Las autoridades señalaron que el origen del conflicto se remonta a la rescisión de un contrato para el suministro de despensas en 2023 y recordaron que diversas resoluciones han respaldado la actuación del Gobierno de Tamaulipas dentro de este proceso.
Asimismo, se informó que la investigación penal actualmente en curso está relacionada con presuntas inconsistencias documentales detectadas en pólizas de garantía presentadas durante el litigio, situación que es analizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Según se explicó, fueron precisamente los documentos obtenidos dentro del procedimiento los que dieron origen a las investigaciones correspondientes.
El Gobierno estatal también descartó que existan medidas restrictivas contra representantes de la empresa involucrada y reiteró su disposición para mantener el diálogo dentro de los cauces institucionales. Finalmente, la administración encabezada por Américo Villarreal rechazó categóricamente cualquier insinuación de corrupción vinculada con este caso y sostuvo que serán las autoridades competentes quienes determinen su resolución definitiva con base en pruebas, expedientes y resoluciones legales, no en declaraciones mediáticas.
